LAS INSTITUCIONES DE BRETTON WOODS Y
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HECTOR VEGA |
| En su intervención en la reunión de Punta
del Este, Che Guevara manifestó su duda respecto a las propuestas del gobierno de Estados
Unidos - más dispensarios, más redes de agua potable, más viviendas…. y letrinas
-, para acallar la justa protesta de los pueblos de América Latina por las grandes
transformaciones estructurales que la justicia social requería. Han pasado casi 40 años,
y la misma duda se cierne sobre las mismas propuestas, realizadas por las mismas
instituciones, y presentadas como la parte social de los programas de ajuste estructural
patrocinados por las instituciones de Bretton Woods. El Banco Interamericano del
Desarrollo (BID), publicitado por su Presidente, como el banco de los proyectos sociales,
es parte del «establecimiento» bancario internacional cuyo balance se ha soldado en el
planeta por el fracaso rotundo en sus políticas sociales como le prueban las
estadísticas publicadas por Naciones Unidas y que afectan tanto a las economías
industrializadas como a las economías subdesarrolladas. La liberalización del mercado mundial se ha
desarrollado, acelerándose la movilidad del capital. En mercados cada vez más
mundializados, el equilibrio se ha modificado en detrimento de la autonomía y de los
márgenes de acción del Estado en materia de política económica. Al mismo tiempo, las transnacionales se constituyen en
poderosos competidores del Estado-Nación. Interviene entonces un cambio en la
relación de fuerzas. El poder de regular (dictar leyes y exigir su cumplimiento) propio
de la comunidad, y que es distinto a la regulación propia del mercado, es substituido por
éste. Así, la autorregulación democrática en el ámbito de las relaciones sociales se
substituye por la regulación propia al mercado propiamente tal. Por ello, toda propuesta
democrática es neutralizada pues si bien el poder puede ser democratizado, el dinero no
puede serlo. La política y el Estado-Nación se ven desplazados
por el mercado. El Estado-Nación pierde progresivamente su capacidad de cobrar
impuestos, estimular el crecimiento y asegurar de esta manera las bases esenciales de su
legitimidad. No hay compensaciones a esta pérdida de poder. Por el contrario, cuando el
mercado libre impone su precio, los gobiernos entran en una puja afiebrada por abaratar
costos, asegurando ganancias obscenas al precio de salarios de hambre, desempleo y
marginalización social de los más pobres de la sociedad. Es tal la pérdida de poder del
Estado-Nación que es incapaz de coordinar políticas fiscales sociales y económicas
destinadas a corregir el mercado. De esta manera, las decisiones democráticas, adaptadas
de una manera formalmente correcta, pierden toda credibilidad. Los Estados son obligados a
adoptar políticas que dañan de manera irreparable la cohesión de las sociedades civiles
(privatizaciones que acarrean desempleo, políticas de ajuste estructural, políticas de
crecimiento sin empleo, etc.). Para asegurar continuidad al desarrollo de su economía, el
Estado chileno abre las fronteras al capital multinacional. Aprueba leyes, suprimiendo los
impuestos a las utilidades de las empresas. En Chile, las empresas no pagan impuestos. El
Estado mira para el lado para no ver el fraude tributario cometido por las empresas del
cobre. El estado peruano compite con Chile en el decenio de los 90 para ponerse al nivel
de una las legislaciones más permisivas en el mundo (la chilena) relativas a materias de
concesiones mineras y de impuestos. Es la demisión total de los poderes del Estado. En
ese contexto la afirmación que es necesario "dejar que las instituciones
funcionen" es el reconocimiento más explícito de la impotencia del Estado-Nación
que ha dimitido de todos sus deberes, donde el principal, es trabajar por el bienestar del
pueblo y en especial de los más desposeídos. El problema de la deuda externa en
el decenio de los 80, la "década perdida" en América Latina según la
expresión de CEPAL, compromete el desarrollo de las economías, especialmente de los
países importadores de petróleo y de productos manufacturados y equipos. Se endeudan
aún más para sobrevivir. Sólo las economías recientemente industrializadas (ERIs),
inspirados en la política económica de Japón (importaciones reducidas al límite de lo
necesario, exportaciones en nichos seleccionados y competitivos, mercado interior muy
activo), se escapan de la recesión y del endeudamiento excesivo. |
Las respuestas del sistema de instituciones
internacionales de Naciones Unidas han sido limitadas. Citemos sin embargo, la Conferencia
de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) quien conjuntamente con el
G22 se pronunció por la moratoria en el pago de la deuda externa (declaración del
28/08/98). Refiriéndose al ataque de los especuladores a las monedas de los países, la
UNCTAD y el G22 declaran que el país atacado podrá decidir la moratoria
(unilateralmente) en el servicio de su deuda, con el fin de disuadir los predadores y de
disponer un balón de oxígeno que le permita reprogramar su deuda. La declaración agrega
que, el artículo 7 de los estatutos del FMI proporciona la base jurídica necesaria para
declarar la moratoria (unilateral) del servicio de la deuda por el país cuya moneda es
atacada. Frente a la falta
de autoridad del Estado-Nación para representar a sus pueblos; frente a la ausencia de
autoridad internacional capaz de enfrentar eficazmente la acción de los especuladores
(predadores) internacionales; frente al mercado mundial dominado por las transnacionales;
frente a la imposición de la ley del mercado para definir el derecho a la vida digna, el
derecho al trabajo (¡ojo! no la empleabilidad), la defensa del medio ambiente; frente a
la explotación indiscriminada e irresponsable de los recursos no renovables del planeta
colocando en peligro la supervivencia del género humano, en fin, frente a la globalidad
de la explotación, es necesario que definamos los elementos de un internacionalismo
popular capaz de dar a las luchas sociales un alcance mundial y con ello contribuir
positivamente a la elaboración de una alternativa a la globalización propuesta por el
liberalismo. La emergencia de los "conflictos duros", revela la violencia de las situaciones cuando desaparecen las fuerzas de trabajo (por efecto de las privatizaciones, en fin por el crecimiento sin empleo). El sindicalismo revive, véase la huelga general de hoy 21 de marzo de 2001 en Argentina, las huelgas de Daewo en Corea, Verizon y Boeing en Estados Unidos. En esas luchas y tensiones está presente la transformación de las relaciones de producción, pero lo esencial en las nuevas luchas no esta allí, sino en la producción de relaciones. De lo que se trata es cambiar el sistema, es decir reemplazarlo. El sujeto del cambio, de la transformación, no es exclusivamente la clase obrera, sino también los pueblos originarios (Chiapas, mapuches, altiplánicos, misquitos…), los pobladores, los movimientos de mujeres, el movimiento de los negros en Ecuador y Colombia, los campesinos sin tierra (Brasil), las asociaciones de desempleados, los movimientos por los derechos humanos y contra la tortura, las ONG, los grupos ecologistas, los grupos por un comercio justo, etc. Todos ellos constituyen un contrapoder - diverso en sus orígenes, heterogéneo en su realidad - expresando más la crítica al sistema que la fidelidad a un partido política. En ello está la riqueza de la protesta, los propósitos y la conciencia por la transformación del sistema. Pues el apoyo masivo de los movimientos sociales resulta más del temor a las crisis del sistema económico que de la legitimidad de las reivindicaciones específicas y ello lleva a la protesta masiva. La cual, en sus propósitos supera las diferencias sociopolíticas y la sitúa en un terreno propicio a la búsqueda de nuevas alianzas sociales. Se trata de la búsqueda de nuevas relaciones de fuerzas para alcanzar los objetivos de afirmación democrática y social de los pueblos.
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