SOCIALISTAS DE IZQUIERDA

REUNIÓN DE JUNIO DE 2001 *** CONTRIBUCIÓN AL DEBATE


LUCHA Y ACTORES SOCIALES

Héctor Vega

1. Una visión políticamente errada de los problemas del país

 

El gran ausente del Mensaje Presidencial del 21 de mayo (2001) son los actores sociales. ¿Cómo se sitúan en los cambios anunciados y las metas propuestas, las centrales sindicales (CUT, médicos, profesores), las corrientes de opinión no oficial (partidos políticas de izquierda, humanistas, ecologistas, etc.) el campesinado, los empresarios, los pueblos originarios (mapuches..), los jóvenes, estudiantes, etc? Las consecuencias de esta política repercuten en las grandes reformas del Estado y de la economía cuya factibilidad son problemáticas. Es más, esta política lleva al gobierno a aislarse políticamente.

 

En lo político, muchos de los sectores mencionados han sido marginados. No participan en las decisiones del sistema. ¿Cómo pueden pesar en él, para ejercer las transformaciones necesarias del Estado, si en ninguna parte se menciona terminar con el sistema binominal de elecciones?

 

Asumimos en consecuencia que la voluntad del gobierno es seguir con su política continuista del sistema económico y social de la dictadura, que si bien le permitió alcanzar en los primeros 6 años del gobierno de la Concertación, una tasa promedio de 7,2%, la experiencia de los últimos 3 años demuestra la ineficacia social y política de continuar en la misma vía.

 

Con relación al empleo, 60000 de los puestos de trabajo anunciados dependen de parámetros que no controla el gobierno, pues se refieren a subsidios al sector privado para la contratación de mano de obra. Sin certitudes sobre: (a) el costo del dinero; (b) el aprovisionamiento de insumos; y (c) el nivel de ventas, variables todas, que en parte no menor, dependen de la situación externa, el límite de las medidas es el monto en que se fijó el fondo de contingencia. Esta es la lógica del PEM y el POJH, que se basa en una visión de “conservantismo compasivo”, incapaz de reactivar la economía nacional y menos recuperar las tasas de crecimiento que el gobierno postula.

 

El resto del programa de 150 mil empleos, 18.000 se atribuyen a nuevos proyectos de riego y forestales, 32 mil a programas del Ministerio del Interior, 18.000 a programas FOSIS de MIDEPLAN y 22 mil a adelanto de obras en vivienda y obras públicas. Ninguno de ellos se inserta en programas de empleo donde el sector privado pueda tomar el relevo para cuando los fondos públicos se agoten.

 

El gran ausente en estos programas es el sector privado. Consecuente con la lógica de entregarlo todo al funcionamiento del mercado, el gobierno destierra la palabra planificación en el lenguaje económico, aún cuando se ha probado que en época de crisis, los estímulos a la economía, ó, son tardíos, ó, simplemente no operan. Es lo que ocurre cuando la incertidumbre se ha instalado en la economía. Clima que sólo puede transformarse con las certitudes que corresponde al gobierno otorgar mediante la planificación, en concertación, con el sector privado de las medidas anticíclicas en materia monetaria, financiera, abastecimientos de insumos, precios, aranceles, medidas para arancelarias, medidas antidumpings.

 

 

2. La política y el Estado-Nación se ven desplazados por el mercado.

 

 

El Estado-Nación pierde progresivamente su capacidad de cobrar impuestos, estimular el crecimiento y asegurar de esta manera las bases esenciales de su legitimidad. No hay compensaciones a esta pérdida de poder. Por el contrario, cuando el mercado libre impone su precio, los gobiernos entran en una puja afiebrada por abaratar costos, asegurando ganancias obscenas al precio de salarios de hambre, desempleo y marginalización social de los más pobres de la sociedad. Es tal la pérdida de poder del Estado-Nación que es incapaz de coordinar políticas fiscales sociales y económicas destinadas a corregir el mercado. De esta manera, las decisiones democráticas, adaptadas de una manera formalmente correcta, pierden toda credibilidad.

Los Estados son obligados a adoptar políticas que dañan de manera irreparable la cohesión de las sociedades civiles (privatizaciones que acarrean desempleo, políticas de ajuste estructural, políticas de crecimiento sin empleo, etc.). Para asegurar continuidad al desarrollo de su economía, el Estado chileno abre las fronteras al capital multinacional. Aprueba leyes, suprimiendo los impuestos a las utilidades de las empresas. En Chile, las empresas no pagan impuestos. El Estado mira para el lado para no ver el fraude tributario cometido por las empresas del cobre. El estado peruano compite con Chile en el decenio de los 90 para ponerse al nivel de una las legislaciones más permisivas en el mundo (la chilena) relativas a materias de concesiones mineras y de impuestos. Es la demisión total de los poderes del Estado. En ese contexto la afirmación que es necesario "dejar que las instituciones funcionen" es el reconocimiento más explícito de la impotencia del Estado-Nación que ha dimitido de todos sus deberes, donde el principal, es trabajar por el bienestar del pueblo y en especial de los más desposeídos.

 

 

3. La emergencia de un contrapoder social

 

 

La emergencia de "conflictos duros", revela la violencia de las situaciones cuando desaparecen las fuerzas de trabajo (por efecto de las privatizaciones, en fin por el crecimiento sin empleo).

 

El sindicalismo revive, véase la huelga general de hoy 21 de marzo de 2001 en Argentina, las huelgas de Daewo en Corea, Verizon y Boeing en Estados Unidos. En esas luchas y tensiones está presente la transformación de las relaciones de producción, pero lo esencial en las nuevas luchas no esta allí, sino en la producción de relaciones. De lo que se trata es cambiar el sistema, es decir reemplazarlo. El sujeto del cambio, de la transformación, no es exclusivamente la clase obrera, sino también los pueblos originarios (Chiapas, mapuches, altiplánicos, misquitos…), los pobladores, los movimientos de mujeres, el movimiento de los negros en Ecuador y Colombia, los campesinos sin tierra (Brasil), las asociaciones de desempleados, los movimientos por los derechos humanos y contra la tortura, las ONG, los grupos ecologistas, los grupos por un comercio justo, etc.

 

Todos ellos constituyen un contrapoder - diverso en sus orígenes, heterogéneo en su realidad - expresando más la crítica al sistema que la fidelidad a un partido política. En ello está la riqueza de la protesta, los propósitos y la conciencia por la transformación del sistema. Pues el apoyo masivo de los movimientos sociales resulta más del temor a las crisis del sistema económico que de la legitimidad de las reivindicaciones específicas y ello lleva a la protesta masiva. La cual, en sus propósitos supera las diferencias sociopolíticas y la sitúa en un terreno propicio a la búsqueda de nuevas alianzas sociales. Se trata de la búsqueda de nuevas relaciones de fuerzas para alcanzar los objetivos de afirmación democrática y social de los pueblos.

 

 

4. La mundialización de las luchas sociales

 

 

Frente a la falta de autoridad del Estado-Nación para representar a sus pueblos; frente a la ausencia de autoridad internacional capaz de enfrentar eficazmente la acción de los especuladores (predadores) internacionales; frente al mercado mundial dominado por las transnacionales; frente a la imposición de la ley del mercado para definir el derecho a la vida digna, el derecho al trabajo (¡ojo! no la empleabilidad), la defensa del medio ambiente; frente a la explotación indiscriminada e irresponsable de los recursos no renovables del planeta colocando en peligro la supervivencia del género humano, en fin, frente a la globalidad de la explotación, es necesario que definamos los elementos de un internacionalismo popular capaz de dar a las luchas sociales un alcance mundial y con ello contribuir positivamente a la elaboración de una alternativa a la globalización propuesta por el neoliberalismo.

 

 

 

Con el tratamiento reiterativo de que el comercio y la historia se sitúan en planos distintos, el gobierno de la Concertación persiste en colocarse fuera del proyecto integracionista latinoamericano, sin ninguna certeza que sus propuestas serán acogidas por EE UU o la Unión Europea.