NOTAS PARA UN MANIFIESTO SOCIALISTA |
Héctor
Vega |
| Históricamente, durante gran parte del siglo XX en Latinoamérica, los
grupos económicos dominantes han recuperado, en beneficio de sus propios intereses, las
demandas de decisiones de los movimientos sociales. La conducción, orientación,
recuperación y negociación social de estas demandas es la tarea histórica de estos
sectores dominantes. Su recuperación, en beneficio de un statu quo social, o preservación del sistema de
relaciones sociales de producción, va de paralelo con el mantenimiento de las formas o
instituciones políticas que sólo mucho más tarde cambian, cuando el poder económico es
consolidado por las clases dirigentes y puede ser empleado como elemento compensador (o de
equilibrio) de las conquistas sociales. 1.
La base social de la negociación El Estado, en la fase moderna populista de los años 60 y comienzos de los
70, asume el costo de las políticas redistributivas o compensatorias. Es el capitalismo
de Estado regulado, donde, como se ve más abajo, se postula un tipo de integración
económica y política. La base popular, en su sentido más amplio, o populista, es el sector
integrador de lo político, lo social y lo económico. La desigual de distribución de los
ingresos del modelo de desarrollo latinoamericano de los sesenta valida la estructura
productiva heterogénea de las economías latinoamericanas. El circuito
producción/consumo muestra que la clientela de pequeñas y medianas empresas está
constituido, en su mayoría, por sectores de bajos ingresos. Otros sectores sociales quedan fuera de
ese circuito, son los estratos de más bajos ingresos. Se trata de los "más pobres
de la ciudad" y los "más pobres del campo" y constituyen una fuerza social
desestabilizante del modelo. 2. El “plus” a las remuneraciones y ganancias y su
costo social en el modelo negociador populista Si la estructura heterogénea se mantiene es porque las políticas del Estado
- déficit público, programas de empleo, financiamiento internacional - aseguran la
"masificación" del consumo, mediante una política de endeudamiento
generalizado de los estratos medios y bajos. La estructura heterogénea se mantiene, esto
es, coexisten la riqueza y la pobreza, en desmedro de la modernización de la economía.
En otras palabras, hay un desequilibrio latente pues nada nos asegura que en una economía
donde la tasa capital-trabajo es baja, habrá suficiente inversión para sostener el
empleo a altas tasas. Las limitaciones del desarrollo global de hace cuatro décadas, consagraban
imperfecciones en el ámbito de la economía interna, pero a escala diferente de hoy en
día, lo cual limitaba sus efectos, permitiendo la negociación social, esencialmente
populista, entre sectores dominantes y dominados de la sociedad. En aquella época, los
efectos de la externalización de los costos, las manipulaciones financieras, la
intermediación innecesaria, la burocracia estatal, los trabajadores improductivos,
etcétera, se contabilizaban como un plus a
las remuneraciones y asignaciones en la economía, vale decir, como un aumento de las
mismas. Esto funcionaba de la manera siguiente: si el costo de la actividad no se
internalizaba, la remuneración de los sectores que externalizaban el costo aumentaba
precisamente en el margen que se transfería a la sociedad. De la misma manera, la
manipulación financiera, que se sustraía de parte de la tributación, y que ganaba en la
diferencia de valores de las monedas o tipos de cambio, agregaba márgenes a la
remuneración del capital comprometido en la operación y a las remuneraciones de los
operadores y grupos empresariales participantes. En ese mismo plus o agregado a las remuneraciones entraban,
además, los márgenes agregados en el proceso de intermediación comercial innecesaria:
los trabajadores improductivos de toda índole, incluidas las clientelas políticas
enquistadas en la administración pública, etcétera. En los años 60 y comienzos de los 70, los regímenes populistas de América
Latina y Asia podían asumir el costo social implicado por ese plus, utilizando al Estado en sus políticas
redistributivas. A cada peso que se invertía correspondía un monto de gastos sociales
que, pegados a ella como sombra al cuerpo, explicaba, o mejor, permitía las ineficiencias
del aparato productivo (urbano y rural) la externalización de los costos, el consumo
superfluo de las clases dominantes, etcétera, y el desarrollo del sistema. Conjunto de
gastos que en su cuantía denotaban un potencial de recursos productivos (humanos,
tecnológicos, de capital) no utilizados, o irracionalmente utilizados (excedente económico potencial, a la manera de
Baran). En conclusión, el plus
representaba entonces la acción compensatoria, políticamente dirigida por las clases
dominantes, destinada a realizar su proyecto de
negociación del status quo social y que se
expresaba en remuneraciones y asignaciones de todo tipo (precio de la previsión, precio
de la salud, precio de la educación, precio de la habitación, etcétera). De aquí se
deduce que la distribución de ingresos es parte de la teoría del desarrollo de la
producción. Por ello, a comienzos de los años 70, durante el gobierno del Presidente
Allende en Chile, se trató de introducir reformas estructurales a los canales de
distribución de los ingresos y de los recursos financieros de la economía mediante tres
reformas estructurales fundamentales: reforma agraria, la nacionalización de la Gran
Minería del cobre y la constitución del Área de Propiedad Social. Las reformas
propuestas atacaban las bases del sistema de producción de la economía chilena y
determinaban de manera decisiva los sistemas de remuneraciones y reparto de ganancias
tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Del resultado de estas reformas dependía
el fin de la negociación social populista. El rescate del sistema, o
restablecimiento del equilibrio interno, es tarea del gasto público (infraestructura,
financiamiento directo) destinado a la valorización del capital. Lo cual supone
conjuntamente, una política de remuneraciones y control del crédito interno (o en la
oferta de dinero) para, de una parte, levantar el nivel de la demanda y por otra,
controlar las presiones inflacionarias. En ese contexto, las transferencias en las economías latinoamericanas, vía
impuestos y precios, restablecen el equilibrio interno, pero suponen, que el déficit del
sector externo se compense básicamente con una elevada entrada de capitales autónomos. El modelo neoliberal y el mercado global imponen otros actores del proceso
del proceso integracionista. Por eso, treinta años más tarde, en el ámbito de la
empresa global, los procesos de la antigua negociación pierden su eficacia. El conflicto
social se desplaza. Los grupos de poder local ya no necesitan negociar acuerdos con
sectores de trabajadores disminuidos en su poder de negociación social, puesto que la
empresa global, en países y regiones donde priman sus intereses por sobre el interés de
los individuos, desplazan sus centros críticos de producción (acumulación de capitales,
desarrollo tecnológico); los cuales, por efectos de acuerdos entre casas matrices y
filiales o alianzas entre corporaciones dependen, ya no de la economía local, sino del
mercado global, consagrando con ello una ruptura dramática entre la macroeconomía y la
economía local. 3. La capacidad de adaptación del sistema La expansión de los grupos económicos nacionales se correlaciona con las
fórmulas proteccionistas de los estados. Ellas aparecen como el compromiso de los estados
a la apuesta que libraron los grupos económicos
nacionales en su expansión. Apuesta por el crecimiento de la economía y el statu quo social que se traduce en consenso,
organización, legitimidad, estabilidad. En América Latina, la capacidad negociadora, o
capacidad de adaptación sin fallas del sistema social, cubre gran parte del siglo XX,
hasta a mediados de la década de los 70, cuando se comienzan a manifestar los primeros
síntomas del endeudamiento en el continente. En la política populista, el contenido social del cambio se acerca más a
una noción de condición de vida, de condición humana que ligado a la clase social con
relación a los medios de producción. En otras palabras, la negociación del statu quo social postula, la participación de
los pobres, las minorías y los desposeídos en el proceso de decisiones, esto es, el
populismo, donde la estructura de la sociedad permanece incólume, donde a lo más se
señalan responsables a título personal, identificados como dueños de empresas,
banqueros, representantes del capital internacional… Cambio populista, negociador por
esencia, ausente de tensiones, contradicciones y conflictos; consagratorio de la
estabilidad como valor político supremo. 4. Crisis en el mercado de las materias primas
y negociación del statu quo social Pero la apuesta política se
correlaciona con mecanismos de mercado a saber, señales de precio. Es lo que se desprende
de los "movimientos de larga duración" donde las medidas librecambistas o
proteccionistas son posteriores a las tendencias de alza o baja en los precios,
respectivamente. Hay una apuesta a la
expansión. El alza de los precios de referencia del petróleo decretada por la OPEP en
los meses finales de 1973 es la apuesta de los países en desarrollo exportadores de
petróleo para mejorar la tributación, los royalties
y la participación de los gobiernos en los rendimientos de las compañías petroleras.
Pero también estimuló la concertación de otros países productores de materias primas
básicas (bauxita, bananos, mineral de hierro y en menor medida los precios del café)
cuyos precios habían estado deprimidos aún en la fase de auge general. En el curso de los años setenta se desarrollan concertaciones (CIPEC entre
otras) destinadas a obtener mejores precios para las materias primas de exportación. Sin
embargo, esta apuesta es tronchada por las bajas tasas de crecimiento de los países
industrializados, que deprimieron las importaciones de materias primas procedentes de los
países en vías de desarrollo. De esta manera, se debilitó el poder de negociación de
los países en desarrollo, gravitando en el frente interno de dichas economías. En las
economías latinoamericanas no exportadoras de petróleo aumentó el déficit del balance
comercial, a lo cual hay que agregar el monto de los pagos de intereses y dividendos de
las inversiones extranjeras, generando un mayor déficit de balance de pagos en cuenta
corriente. A partir de 1974 se inicia un proceso de endeudamiento de las economías
latinoamericanas, agravado por el menor ritmo de crecimiento de las economías de los
países desarrollados, cuyas consecuencias se aprecian en la década de los 80, terminando
con cualquier proyecto de integración basado en mecanismos de control del mercado de las
materias primas. La privatización del financiamiento internacional, proceso que se inicia a
fines de los años 60, agudizado con el embargo petrolero de 1973, agrava el endeudamiento
de las economías latinoamericanas que exhiben importantes déficits en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. De allí se inicia el debilitamiento de las propuestas
sociales de los sectores dominantes y su pérdida de liderazgo en la negociación del statu quo social, pues se rompe el supuesto mismo
de su ejercicio, a saber, la identificación de intereses entre aquellos sectores y el
resto de la población. 5. Globalidad y pérdida de la capacidad negociadora de los
sectores dominantes La integración, en Latinoamérica, para negociar internacionalmente las
materias primas, desde una posición de fuerza, había fracasado y con ello la posibilidad
de negociar, al interior de las economías, transferencias (o montos compensatorios a las
remuneraciones reales) a la fuerza laboral. La negociación social, a escala de país,
entre sectores dominantes y explotados de la sociedad, bajo diversas modalidades, había
perdido fuerza a mediados de la década de los 70. Su inviabilidad, resulta del nuevo
escenario de globalización y de la fórmula neoliberal de gestión de los endeudamientos
interno y externo de la economía. La economía neo-liberal ha tratado de resolver los desajustes del nivel de
la demanda efectiva mediante el incremento de tasas de interés y compresión de los
salarios. Esto ha llevado a un proceso de endeudamiento crónico… Pero en su esencia,
esta política, quebrando las bases del modelo "negociador populista", ha
abierto el camino para que el equilibrio de los flujos de la balanza de pagos sea el
mecanismo rector del sector monetario. La globalidad de las relaciones económicas, en la década de los 90, tiene
dos efectos centrales. En primer lugar, cierra definitivamente el capítulo del Estado
populista, pues junto con perder eficacia negociadora, éste se hace políticamente
inviable al desaparecer la función política de las clases medias en cuanto eje
negociador de los conflictos sociales. La empresa global externaliza sus costos y contribuye a la desintegración
social; por eso el Estado incurre en costos sociales importantes. La empresa clásica como
unidad de explotación representativa, es reemplazada en su importancia por el sector
masivo de servicios, con ello se reemplaza la clase obrera, como sector social
interlocutor y la clase media, pierde su influencia negociadora. La crisis de la empresa
global revela la transición hacia un modo global de explotación, donde los rasgos más
inquietantes son el desempleo de recursos (humanos y materiales), la desvalorización de
los medios productivos locales, la depredación de recursos naturales no renovables, la
contaminación ambiental, el desarrollo de los armamentos. Conjunto de problemas que el
Estado populista no está en capacidad de resolver, pues la naturaleza del problema social
se desplaza y se vuelve más complejo. El conflicto social, en su raigambre tradicional de masas, esto es,
sindicatos, pobladores, campesinos, estudiantes, etc., se desplaza hacia los problemas del
medio ambiente y utilización de los recursos naturales, subordinación de la mujer, etc.
El poder social se generaliza, la negociación
de los consensos resulta problemática, cuando se incorporan elementos culturales,
étnicos (pueblos altiplánicos, Chiapas, mapuches…) y las minorías. Además el
modelo de consensos por el statu quo implica
un liderazgo de sectores que asientan sus postulados en una fe radical en la abundancia,
el crecimiento económico, pleno empleo, en fin el sentimiento generalizado que el viejo
dilema de necesidades ilimitadas y recursos limitados ya no rige. Nada de eso en el mundo
globalizado puede ser afirmado con certitud y por el contrario, existe un profundo
escepticismo con relación al crecimiento ilimitado. |
La transnacionalización de las inversiones, es el segundo efecto de la
globalidad. Se trata de nuevos financiamientos internacionales, que reemplazan el crédito
bancario internacional (omnipotente en las décadas de los 70 y 80) por las inversiones
extranjeras directas. Siendo la competitividad internacional, el criterio de implantación de
dichas inversiones, la dinámica transfronteriza de las empresas es más la afirmación de
un regionalismo abierto a los mercados mundiales que un mayor comercio intrarregional
libre de toda restricción. El interrogante es de que manera son complementarias la
estrategia de las transnacionales instaladas en las economías latinoamericanas con la
expansión transfronteriza del comercio e inversiones de las empresas nacionales. En un
contexto comercio libre de restricciones, el incremento de la competitividad de las
empresas nacionales, la nueva gestión empresarial y la adaptación de los desarrollo
tecnológicos mundiales, son factores que decidirán en el futuro la compatibilidad o
incompatibilidad del gran mercado común latinoamericano, con las inversiones de las
transnacionales. Estas últimas se han consolidado en los sectores minero, transporte,
energía y comunicaciones. En este contexto, para resolver la ecuación de la integración
latinoamericana se requiere compatibilizar la corriente de regionalismos, la gravitación
del comercio extralatinoaméricano y el crecimiento de la actividad económica de América
Latina con la expansión del mercado interno. Los efectos de la crisis asiática sobre el
precio de los productos básicos exportados por América Latina, profundizaron las
contradicciones del comercio intrarregional, revelando la fragilidad de los acuerdos
integradores. Estos son los fenómenos reales del presente. La crisis, en su expresión
financiera distingue con meridiana claridad lo que es monetario y lo que es real. Es
decir, los hechos financieros de la crisis, bajo su forma de creación de deuda o
licitación de activos, son de cuantía muy superiores al dinero vinculado a las
transacciones comerciales ligadas a la producción de bienes y servicios. En la economía
mundial, estos últimos representan no más de 10 billones de dólares anuales, contra
más de 200 billones de dólares anuales de aquellos. En este sentido, lo financiero es un
detonante, pero no es la crisis propiamente tal. 6. El manejo de la Concertación durante la crisis y los
trabajadores El manejo de la economía del Gobierno de la Concertación, con alzas en las
tasas de interés, durante la crisis asiática, llevó a un ajuste violento del gasto
privado, a la quiebra de numerosas empresas y un desempleo importante. En un comienzo
(agosto de 1999) el gobierno declaró que NO se aumentarían los recursos destinados a
disminuir la cesantía, sino que se reasignarían y refolicazarían algunos recursos
anunciados en el mal llamado plan de reactivación contra el desempleo. Dos meses más
tarde, el gobierno anunció nuevas medidas de reactivación de la economía destinadas
fundamentalmente a aumentar el gasto en la economía y específicamente en el sector de la
construcción. En noviembre el gobierno declaró que “Chile tiene todos sus equilibrios
corregidos (...) la economía mostrará sus primeros índices de actividad
correspondientes al pasado mes de septiembre y esta recuperación se manifestará con
mucha fuerza en diciembre.” ¿Cuál es la realidad? Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y talleres artesanales representan
el 80% de la ocupación en Chile. Hasta ahora, sólo se han beneficiado 2500 PYMES, lo que
representa 5% del total, de los mecanismos destinados a reprogramar sus deudas y obtener
líneas de créditos a través del sistema financiero y según el plan de reactivación
que puso en marcha el gobierno. Las pequeñas empresas han cargado con el peso del ajuste económico que ha
vivido Chile. Mas del 80% de las empresas que han quebrado en 1998 y en el curso de 1999,
son PYMES y una proporción importante de los nuevos desempleados existentes en el país
son ex trabajadores de pequeñas y medianas empresas. En junio de este año el desempleo en la construcción llegó a 24% y el
promedio de desempleo de todos los sectores, según anunció el Instituto Nacional de
Estadísticas en noviembre, fue de 11,4%, esto es, 660.000 trabajadores. ¿Qué manifiesta la tendencia? La economía chilena no genera empleos y la fuerza laboral crece. La magnitud del problema se desprende de la tendencia, pues si se examinan
las cifras en 12 meses, se percibe que entre julio y septiembre del año pasado y ese
mismo período de 1999, el número de desempleados creció en 250 mil personas. Agreguemos que la tasa de desempleo está camuflada por la mayor generación
de empleos temporales. Las regiones con mayor tasa de desempleo son la Vª Región,
seguida por la VIIIª Región y la IIIª Región. La situación de crisis ha afectado los derechos colectivos de los
trabajadores, tanto en sus posibilidades de negociar colectivamente como de utilizar el
derecho a huelga como medio de presión. La situación de crisis ha golpeado seriamente la organización sindical y
los medios que franquea la ley para hacer valer los derechos de los trabajadores. a) La variable de “politización del conflicto laboral”, como causa
de dificultades en la marcha de la empresa, cede como causa principal a la
“situación económica de la empresa”. b) Se observa un sostenido aumento del uso del art. 369 del Código del
Trabajo (1998, 1999) que permite en cualquier momento de la negociación, y por la sola
voluntad de los trabajadores, acogerse a mantener las condiciones de la negociación
anterior por 18 meses sin reajustabilidad.[1] c) Cada vez hay contratos por períodos mayores de tiempo y también es cada
vez más frecuente que se dé el adelantamiento de las negociaciones colectivas, las que
terminan con la firma de convenios y no contratos colectivos. d) Cada vez son más numerosos los casos de pedir permisos sin goce de
remuneración a cambio de mantener el empleo. También hay acuerdos en que se suspende el
acceso a determinados bonos o beneficios. e) Han habido casos en que la planilla se ha reducido con el concurso de los
propios dirigentes sindicales, los cuales sirvieron como ministros de fe para los
finiquitos y lograron que se fueran los trabajadores menos calificados, los trabajadores
de menor antigüedad o los que tendrían menor dificultad en encontrar un nuevo empleo. 7. La apertura de la economía y la crisis han afectado
seriamente los sindicatos En 1992 habían 724 mil trabajadores adscritos a sindicatos. En 1998 bajaron
a 601 mil. Es decir 120 mil trabajadores se restaron a la organización sindical. La
vulnerabilidad de la economía ha cobrado un alto costo a lucha reivindicativa. a) Cada vez hay más dificultades para tener el núcleo básico para
sindicalizarse, pues hay una tendencia cada vez mayor a tener más empresas pequeñas.
Entre las causas se cuentan el proceso creciente de desconcentración, de filialización y
de encadenamientos productivos. b) Han aumentado las líneas de subcontratación y con ello la precariedad
del empleo, en lo que respecta al tipo de contrato y a la estabilidad. c) la apertura económica, aumenta no sólo la incertidumbre de los
trabajadores, sino que también en las empresas sobre sus propios negocios. d) las quiebras de empresa y los ceses de faenas aumentan la precariedad e
incertidumbre entre los trabajadores. Se buscan soluciones alternativas. Así como ha bajado el número de
trabajadores sindicalizados, se ha casi duplicado el número de organizaciones, de
trabajadores independientes que se juntan para negociar con el municipio, el Ministerio de
Vivienda, etc.... ¿Es posible lograr la equidad en el actual sistema neoliberal? La evidencia existente
para Chile demuestra que en el período 1990-1996, las
remuneraciones se reajustaron por debajo de los incrementos de productividad: 3,9%
contra 4,1%. En 1998, las remuneraciones reales subieron 2,4%, casi la mitad del ritmo de
incremento de la productividad laboral media (5%). 8.
Crecimiento rápido en la economía no es sinónimo de mayor desarrollo. La economía chilena, con un promedio de 7% anual - para el período
1990-1996- recrea procesos de concentración de ingresos que ponen un interrogante sobre
el estilo de desarrollo o condiciones en que se gesta la reproducción social del trabajo.
En 1997, el Producto Interno Bruto creció 6,9% y en 1998, pese a la crisis asiática,
3,4%. En 1999, el PIB tuvo un crecimiento negativo, -1,5%. Con tasas de inflación para
esos tres años de 6% 4,7% y 3,5% respectivamente. Sin embargo, la desigualdad de los
ingresos entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre, es de 14 veces (!) ¿Cómo se puede explicar que en una de las economías de mayor crecimiento
del mundo, 7,2% anual promedio, el 30% de más altos ingresos se reparte el 6,6% del
crecimiento de la economía y el 70% de los chilenos sólo obtiene 0,6% de dicho
crecimiento cada año? Es más, en este mismo país, 600 mil jubilados no alcanzan una canasta
familiar, esto es se encuentran en la indigencia sin que les alcance para comer después
de haber trabajado y cotizado durante una vida. 9,1% de la fuerza de trabajo que labora como dependiente a jornada
completa gana el salario mínimo (SM). Si a ellos se agrega, quienes tienen ingresos hasta
1,2 veces el SM, para cuantificar el tamaño del segmento impactado por los ajustes de
esta variable, la cantidad de trabajadores afectados supera el 15% de la fuerza de
trabajo. Los receptores del SM se encuentran predominantemente en el mundo
rural, tienen bajos niveles de educación y un grupo importante son jóvenes. Las
mujeres representan 23,7% de los trabajadores que ganan el ingreso mínimo o menos.
Sectorialmente, la agricultura cuenta con un porcentaje importante de trabajadores
afectos al SM: 24,9%. Los receptores del SM laboran en empresas pequeñas y en un
elevado porcentaje no tienen contrato de trabajo, esto es, pertenecen al mercado
informal del trabajo. La Región Metropolitana es la que concentra el mayor número de
personas en esta situación. Concluimos: La crisis asiática significó la pérdida de importantes mercados, la baja
brutal del crecimiento económico, la destrucción de parte del capital físico de la
nación, cesantía y pobreza. Chile no estaba preparado para enfrentar la globalidad. Esto
demuestra la fragilidad de nuestro sistema económico – ningún país ha llegado a la
industrialización basado en la exportación de materias primas – y la urgencia de
resolver problemas tales como la reinserción laboral, la capacitación en los sectores
deprimidos de la economía. Demuestra además el colapso de la economía local – caso
de las comunas mineras de Chañaral, Taltal, Lota, entre muchas otras – y la
necesidad de programas de reconversión económica y de programas sociales de apoyo
relativos a jubilaciones anticipadas, salud, vivienda, educación. Para lograr todo ello se requiere de un movimiento social vasto y organizado
para eliminar el contrapeso de las organizaciones patronales y su poder financiero,
eliminar el control monopólico de los medios y la telecomunicación pues ellos vuelcan
ese poder en manipulación social y presión política. Conjugar progreso económico y justicia social, esto es, crecer con equidad,
requiere de una vasta movilización social y concretar un proyecto político que encauce
ordenadamente las grandes transformaciones sociales que Chile requiere. Democratizar y
asegurar la participación real del pueblo en dichas transformaciones, iniciar la
transición hacia la democracia, hacer realidad la aspiración del 57% del país que dijo
NO a la dictadura en 1988, significa ejercer soberanamente el derecho del pueblo al
plebiscito (Art. 5º de la Constitución de 1980), instalando un poder que redefina las
estructuras políticas y concretamente: cambie el modelo económico y supere la injusticia
social; imponga la verdad y la justicia en materia de Derechos Humanos; derogue el decreto
de Amnistía; redefina el papel de las FF.AA actualmente erigidas en Poder del Estado
otorgando al Jefe del Estado la atribución constitucional de remover en sus cargos a los
Comandantes en Jefe de las FFAA; elimine el sistema de senadores designados; consagre el
sistema de elección proporcional y elimine el sistema binominal; permita el pleno
ejercicio de sus derechos políticos a los ciudadanos chilenos viviendo en el extranjero;
establezca la elección directa de los Alcaldes; consagre una verdadera regionalización y
no una de papel como la que actualmente existe; dicte un nuevo Código del Trabajo; dicte
una nueva Ley de Impuesto a la Renta y nuevo régimen tributario para las compañías
extranjeras del cobre; ponga término a las privatizaciones de las principales empresas
del Estado (Sanitarias y Codelco, entre las más importantes); consagre la defensa del
medio ambiente y de las riquezas naturales generando políticas públicas definidas;
otorgue estatus constitucional autonómico a los pueblos originarios de Chile (mapuches,
altiplánicos, rapa nui). Estas son las tareas pendientes, que permitirán transitar consecuentemente
hacia la democracia. Por eso, el tercer gobierno de la Concertación, deberá convocar a
plebiscito. No es el crecimiento de la economía el que automáticamente resolverá
el problema. En el modelo neoliberal la pobreza se trata como un residuo
irremediable del crecimiento. Existe cada vez más conciencia que el desarrollo actual
no conduce al desarrollo de todos. ¿ Qué tipo de desarrollo queremos ?, ¿ Qué
crecimiento implica ese desarrollo ? ¿ Cuales son las tasas de ganancia que consagra
el sistema actual, los niveles de salarios, las condiciones de trabajo, la
responsabilidad medioambiental de la empresa, su entorno físico, habitacional? Como respuesta, el tercer gobierno de la Concertación ha revivido el PEM y
el POJH de la dictadura y eso como solución es reconocer que aún viviemos en la creencia
que el modelo neoliberal dará una respuesta al subdesarrollo y la pobreza. Modelo
neoliberal que no sólo, no ha sido abandonado por la Concertación, sino que se han
buscado todas las justificaciones para profundizarlo con su secuela de injusticia y
explotación. Los interrogantes que plantemos, se imponen en un sistema en el cual se ha
separado brutalmente lo macroeconómico y lo microeconómico. Por eso conviene preguntarse
si seremos capaces de dar un contenido concreto a la pobreza, situarla
territorialmente y en su relación con el desarrollo de ciudades en donde conviven
las callampas de los desplazados del campo y los agentes de los sectores modernos de la
economía. En fin,
nuestra inquietud fundamental es: ¿ cómo democratizamos la sociedad y abrimos
oportunidades al trabajo, a la cultura, y a la vida? [1] El 10 de marzo de 1999 los cinco sindicatos de la División El Salvador de CODELCO, resolvieron aprobar la proposición de la administración para congelar los sueldos y beneficios de los trabajadores en 1999. Los trabajadores aprobaron la prolongación del convenio vigente desde 1996 y el congelamiento del IPC durante 1999. De un universo de 1847 trabajadores, 1258 votaron por la aprobación, 129 la rechazaron y cuatro votaron en blanco o anularon su voto. Según los acuerdos, si el cobre llega a un promedio de 73 centavos de dólar durante 1999 se devolverá a los trabajadores el ciento por ciento del IPC congelado. Si el precio no llega a ese nivel, los reajustes se otorgarán durante el segundo semestre de 2001, en un 50% y en el primer semestre del 2002, el otro 50%. |
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